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Los Estados Unidos respaldan las violaciones de los derechos humanos en Honduras – esto es lo que podemos hacer al respecto

Una delegación de los EE. UU. y otros países viajaron a Honduras para acompañar a los residentes que luchan contra la represión violenta. Aquí el Padre Melo habla en una vigilia en la Embajada de los Estados Unidos.   Photo: Copland Mark / AFSC

“Solo Dios tiene derecho a quitar la vida,” se lamentó David Ramos, de 51 años. Su hijo primogénito, José, había sido asesinado por la policía militar mientras protestaba pacíficamente por el fraude en las recientes elecciones presidenciales en Honduras. Mientras escuchaba a David y a otros hablar sobre las heridas y asesinatos de sus seres queridos, las lágrimas brotaron en mis ojos. Me dolía el corazón por sus pérdidas y por Honduras, que también es la tierra natal de mi cónyuge.

Yo estaba visitando Honduras en enero como parte de una delegación ecuménica de emergencia de 50 miembros que viajó desde los EE. UU. y varios otros países para acompañar a los hondureños que luchan por la justicia. También estuvimos allí para presenciar y documentar la represión violenta bajo el régimen del presidente Juan Orlando Hernández (JOH).

Reconocido por algunos hondureños como un dictador, JOH se había postulado para un segundo mandato como presidente en diciembre pasado -aunque la Constitución hondureña lo prohíbe- y fue declarado ganador después de una elección ampliamente criticada como fraudulenta. Los hondureños respondieron a los resultados de las elecciones con protestas generalizadas que se tornaron mortales cuando las fuerzas de seguridad respondieron con violencia.

Inicialmente, temí por mi propia seguridad cuando salí a las calles de El Progreso junto a los manifestantes. Pero pronto, comencé a darme cuenta de que la presencia de nuestra delegación internacional permitía a los hondureños manifestarse en paz. Las cuentas de los participantes fueron consistentes. Si nuestra delegación no estuviera allí la policía y los militares les lanzarían gases lacrimógenos o algo peor.

Las fuerzas militares y policiales hondureñas usan gas lacrimógeno durante una protesta. Foto: Copland Mark

Como partidario de JOH y sus fuerzas de seguridad, Estados Unidos es cómplice de la violencia y las continuas violaciones de los derechos humanos en Honduras. Los Estados Unidos han proporcionado millones de dólares en armas, entrenamiento y otro tipo de apoyo para el ejército y la policía hondureños, lo que refuerza un régimen violento y corrupto que ha operado con impunidad.

Y en las semanas posteriores a las elecciones, a pesar de las continuas disputas sobre los resultados, la violencia contra los manifestantes y las preocupaciones planteadas por la comunidad internacional, el gobierno de los EE. UU. anunció su apoyo a JOH como ganador.

Qué le pasó a José

Nuestra delegación a Honduras se reunió con familiares de las víctimas de la represión violenta en San Pedro Sula. Conocí a David y a su nieto, el hijo de José, que yacía en el regazo de su abuelo. Lo saludé y le pregunté si su hijito estaba bien. David simplemente respondió: "Mataron a mi hijo".

Sacó su teléfono celular y me mostró una foto de José, de 22 años, describiéndolo como muy cariñoso y afectuoso.

El 1 de diciembre, José asistió a una protesta en Choloma, donde vivia y trabajaba. Llevaba la bandera roja del partido de oposición, Libre, sobre sus hombros. Sin previo aviso, la policía militar comenzó a disparar contra los manifestantes. José comenzó a huir, pero no llegó muy lejos. Cayó boca abajo en el suelo, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza.

Cinco jóvenes, incluido José, murieron en el tiroteo. Todos fueron asesinados desde atrás. El video del evento deja en claro que no representaban ninguna amenaza.

José fue el cuarto en 38 muertes documentadas por fuerzas militares y de seguridad hondureñas respaldadas por Estados Unidos desde las elecciones. Además, se estima que 1.257 personas han sido detenidas, una desaparecida, 76 torturadas y 393 heridas como resultado de la fuerza excesiva y los ataques contra manifestantes pacíficos, incluido el uso de munición real, porras, cañones de agua y latas de gas lacrimógeno, que fueron hechos en Pensilvania. 

Un bote de gas lacrimógeno hecho en los Estados Unidos utilizado por las fuerzas de seguridad de Honduras en una protesta local. Los Estados Unidos han proporcionado millones de dólares en equipamiento, capacitación y ayuda a los militares de Honduras. Foto: Kimberly Krone / AFSC

Los hondureños ahora entienden que cualquier asociación con una protesta podría costarles la vida. Pero incluso frente a estos riesgos, muchas personas como José continúan movilizándose para exigir respeto por los verdaderos resultados de las elecciones y por los derechos humanos básicos.

Al mismo tiempo, la violencia en Honduras ha obligado a muchos residentes a huir del país para buscar asilo. Pero cuando llegan a la frontera de EE. UU. en busca de refugio, son rechazados o encerrados en un centro de detención bajo las políticas de inmigración ilegales e inhumanas de la administración Trump.

Qué podemos hacer al respecto

En los EE. UU. es fácil para nosotros pensar que no hay nada que podamos hacer para afectar lo que está sucediendo en un país que está a cientos de millas de distancia. Pero yo, siendo alguien que se ha encontrado con los padres y niños cuyos seres queridos les han sido arrebatados por este régimen, no puedo ignorar lo que está pasando.

¿Qué podemos hacer aquí en los Estados Unidos?

Primero, podemos contactar a nuestros miembros del Congreso y decirles que dejen de usar nuestros dólares de los contribuyentes para financiar a los militares y la policía en Honduras. Los Estados Unidos deben exigir que el gobierno de Honduras proteja los derechos humanos e investigue y exija responsabilidad por la detención y asesinato de manifestantes como José.

Un líder de la comunidad tiene una bala en El Progreso, donde las protestas tuvieron lugar diariamente después de la elección de JOH. Foto: Copland Mark

También podemos instar al Congreso a continuar un programa de protección mejor conocido como Estado de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que ahora permite que 60,000 hondureños y cientos de miles de otros inmigrantes que han huido de condiciones peligrosas en sus países de origen, permanezcan en el Estados Unidos. En 1999, Honduras fue designada con TPS luego de que un huracán mortal devastó gran parte del país. Desde un golpe militar en 2009, las condiciones en el país han empeorado, y las recientes elecciones fraudulentas amenazan con profundizar la violencia, la corrupción y la pobreza.

A pesar de esas realidades, la administración Trump no ha tomado una decisión sobre si proteger el TPS para Honduras, dejando en el limbo a decenas de miles de ciudadanos hondureños y a sus familias.

“¡JOH! Es pa’ fuera que vas!” (JOH, ya está listo). Han pasado semanas desde que estuve en Honduras, pero todavía no puedo sacarme de la cabeza las canciones de protesta, exigiendo la salida de JOH. Y sigo pensando en David, quien compartió su testimonio con nosotros y continúa uniéndose a otros hondureños valientemente hablando a favor del cambio, a pesar de los riesgos.

“Es peligroso; ni siquiera puedes estar seguro en casa,” nos dijo. “Quiero justicia. Todavía no ha habido ninguna investigación. Quiero que la comunidad internacional sepa lo que está pasando.”

Nota: En mayo, los defensores de los derechos humanos de Honduras viajarán a varias ciudades de EE. UU. y Washington, D.C. para crear conciencia sobre la crisis en Honduras. Los detalles del evento estarán disponibles en el sitio web de Share-El Salvador. La organización también busca participantes para una próxima delegación que acompañará a los oradores de regreso a Honduras después de su visita.

English version: The U.S. is supporting human rights violations in Honduras—here’s what we can do about it

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About the Author

Kimberly Krone is the youth justice attorney with AFSC's Immigrant Rights Program in Newark, New Jersey where she provides legal representation to immigrant children and youth, including those who are detained. Kimberly has been an advocate for immigrants’ rights in New Jersey since 2007, working with several different community organizations.